El Presidente instruyó a funcionarios para iniciar acciones penales a quienes endeudaron en forma irresponsable a la Argentina

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Buenos Aires, marzo 1.- El presidente Alberto Fernández instruyó a sus funcionarios para iniciar “una querella criminal” con el objeto de determinar los responsables “de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales” de la historia argentina producida durante el gobierno anterior.

El Jefe del Estado se refirió así al colosal endeudamiento público realizado por el macrismo entre 2015 y 2019. Fue durante la apertura del período 139 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, realizada hoy.

“He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, sentenció el Primer Mandatario, durante su discurso inaugural, de dos horas de extensión, ante el Parlamento Nacional.

Allí, el Primer Mandatario -flanqueado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa- realizó un amplio repaso de todos los temas de gestión, destacó los logros alcanzados e hizo una encendida defensa de las políticas desarrolladas en el último año por su administración, en un contexto de pandemia mundial.

Tras recordar que, como consecuencia de las políticas aplicadas a partir del 10 diciembre de 2015, ya en 2018 la Argentina estaba sumergida en una nueva crisis en la balanza de pagos y  en una grave recesión, con caída de la actividad económica y de los ingresos reales, el presidente Fernández indicó que a ello se sumó la pérdida del acceso al crédito internacional, y que el gobierno de Cambiemos resolviera pedir “el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional”.

Destacó, en ese sentido, que “los 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina se esfumaron”, antes de que el Frente de Todos asumiera la administración de país en diciembre de 2019. Ante esa situación, tomó la resolución que comunicó ante la Asamblea Legislativa.

Respecto de la deuda, destacó que su gobierno “con firmeza y esfuerzo” logró “la re-negociación de la tóxica deuda externa privada”, cuya estrategia fue aprobada por el Congreso de la Nación y acompañada por el conjunto de los gobernadores, así como por los sectores empresarios, sindicales y la mayor parte de los movimientos sociales. Pero advirtió que, si bien el país se verá favorecido con un ahorro de 34.800 millones de dólares entre el período 2020-2030 por esa negociación, “el problema no ha concluido, ya que aún queda resolver la deuda con el FMI”.

Los 44.000 millones de dólares desembolsados por el FMI “solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces”, reseñó Fernández al explicar los motivos de su decisión.

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió a la situación del Poder Judicial, dijo que está “en crisis” y planteó una serie de críticas y de propuestas con el objeto de motorizar una reforma de ese sistema complejo.

Previó había planteado la necesidad de construir “un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género”, después de los últimos casos de femicidio ocurridos en el país. Y añadió: “La reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión también es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto”.

“Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien”, aclaró, para luego abundar sobre una serie de propuestas con el objeto de despolitizar y mejorar el servicio de justicia local.

Recordó que al asumir en el cargo anunció su convicción sobre la necesidad de cambiar y mejorar el funcionamiento del sistema judicial.”El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, indicó.

En ese sentido, tampoco eludió críticas al Máximo Tribunal del país, al remarcar que “en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”. Pero dijo que, si bien ese tipo de cosas molesta, se vuelven secundarias ante  hechos llamativos que “de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan”. Y ejemplificó: “En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara”.

Además del espionaje ilegal organizado durante la gestión pasada con la aparente complicidad de jueces y fiscales, citó llamativas resoluciones judiciales como el “per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos”, entre otras, para  pedirle al Congreso que “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, tal como lo prevé la Constitución Nacional.

Antes se había referido a las políticas aplicadas para atender la pandemia de Covid-19. Sostuvo que, desde el día uno, su gobierno demostró una “voluntad inquebrantable” para cuidar la salude la población frente a quienes pregonaban su preferencia por cuidar el mercado. “Ni un solo día bajamos los brazos. Ni ante la inclemencia del contagio, ni ante la crítica injusta”, declaró y apuntó: “Somos conscientes de que esta batalla aún no terminó”. Por eso dijo que su administración continuará con las acciones para cuidar a la población, conseguir las vacunas  y establecer el mejor plan de vacunación posible.

Más adelante, aseveró que el Poder Ejecutivo tiene un “enfoque federal” en materia de “políticas públicas”,  basado en tres orientaciones generales: “Previsibilidad y coordinación, trato igualitario, y apoyo a las áreas geográficas y los sectores sociales más postergados”. Planteó que “la próxima etapa de avance económico tiene que potenciar más polos productivos y llevar el dinamismo a todas las regiones”. Y reflexionó que el impulso de “la Obra Pública” será central para que la mayoría de las iniciativas en materia económica se concreten.

Para el Mandatario, el fortalecimiento del mercado interno constituye un eje clave para acelerar la recuperación de la producción y el empleo. En tal sentido, pidió a los sectores más virulentos de la oposición hacer un “análisis introspectivo” que contemple “una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno”. “Verán así, como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos”, enrostró. Y se esperanzó en que algún día esos opositores “hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan, y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado”, completó.

Por su parte, el jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó al presidente, al analizar el discurso de apertura. “Queremos una oposición menos belicosa”,  sentenció el formoseño.  Acerca de uno de los principales desafíos a resolver, dijo que es necesario “ver si podemos coincidir entre los distintos sectores de la República Argentina para poder superar esta crisis”.

“Siempre digo que la oposición vio en la pandemia una oportunidad para tener presencia a nivel nacional y ver si puede obtener algunos votitos más en las próximas elecciones. Pero a mí parece que esa no es la prioridad”, remarcó el senador por Formosa.

En su opinión, la prioridad reside en recuperar ”la actividad económica, recuperar el trabajo y pelear para que la salud de los argentinos vuelva a normalizarse”.

“El presidente habló también de varios proyectos que van a ser enviados tanto en lo económico, como en lo judicial y lo educativo; es decir que tenemos que hacer un camino para desandar todo lo que hemos vistos ha fracasado en la República Argentina”, amplió.

Tras recordar que tanto el país como el mundo atravesó “un año muy difícil” por la emergencia sanitaria, destacó las “medidas extraordinarias”, como el IFE, las ATP, el congelamiento de tarifas, entre otras, que debió tomar el gobierno del FdT para paliar la situación.

Además, consignó que, con la aparición de la vacuna contra el Covid y una vez conseguida la inmunidad de rebaño de la población local, se podrá  recuperar “la actividad económica plena”. “Hay algunos indicios, a partir de la recaudación, de que la Argentina comenzó a recuperar su actividad económica, en la parte de la producción primaria, en la producción industrial, y  también hay un crecimiento mínimo del empleo”, aseguró, pero dijo que, de todos modos, es “necesario cambiar la economía anterior de Macri, que se basó en la especulación y en la obtención de un crédito que comprometió el cien por ciento del PBI argentino”.  “Se trata de cambiar hacia una economía de la producción y del trabajo, ese es el desafío que tenemos por delante. Otros de los desafíos que lanzó el presidente es ver cómo mejorar el servicio de justicia de la República Argentina”, reseñó Mayans.

También, recordó que el Senado aprobó meses atrás un proyecto de ampliación de inversión para el Poder Judicial, pero que, hasta el momento, la iniciativa está dormida en la Cámara de Diputados.

En tanto, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun, dijo que, en su discurso,  “el presidente tocó absolutamente todos los temas.

Planteó con muchísima claridad el compromiso que él había tomado el año pasado, cuando todavía no se había declarado la pandemia, de atender en primer lugar a los más postergados, a quienes más habían padecido los efectos del gobierno anterior”.

“Hoy, el presidente vuelve a retomar ese compromiso, pero a la vez plantea la recuperación económica del país. Me parece que es muy importante. No hubo un solo sector de la actividad económica que no haya sido mencionado”, subrayó la senadora por Santa Fe.

También, resaltó la referencia al tema judicial. Dijo que el mandatario había enfatizado la necesidad de que la Justicia se aboque a dar un mejor servicio a la población en lugar de estar en función de los intereses más concentrados de la economía.